La realización de un estudio mediante una alianza estratégica con la oficina nacional de emergencia ONEMI de Atacama, que permita diagnosticar el estado actual  de la  infraestructura  de cada establecimiento educacional de la provincia, en el marco de la seguridad y resguardo ante desastres naturales, a fin de crear un plan integrado  y articulado por las instituciones pertinentes para hacer frente a eventuales situaciones de emergencia en la zona, es una de las cuatro iniciativas que la gobernación del Huasco ha de llevar a cabo, éste año, como parte del plan de modernización  2015 en el cual participan  en una primera etapa, 14 gobernaciones de todo el territorio nacional.

Addison Zuleta, profesional a cargo de la coordinación de este proyecto,  señaló “lo que se pretende con este   estudio  es realizar un levantamiento de información en terreno sobre la infraestructura  y zona de riesgo de los establecimientos educacionales  de la provincia, con el fin de elaborar un plan integral de emergencia  en coordinación con los entes competentes del nivel comunal, provincial y regional  que a su vez,  sirva como insumo para determinar los albergues en caso  de emergencia, por ejemplo”.    Con este estudio se pretende  atacar dos focos; uno de ellos es el cuidado y seguridad de los miembros  de la comunidad escolar, detectando falencias al interior de cada establecimiento en materia de seguridad y los riesgos externos, además de potenciar  y fortalecer un ambiente seguro y protector en todos los establecimientos educacionales, generando una cultura y cuidado hacia los niños(as), adolescentes y de toda la comunidad educativa.

Para la gobernadora de la provincia, Alexandra Núñez Sorich, el proyecto cobra absoluta relevancia, hoy día,  a raíz de los hechos que se han generado producto de los aluviones del 25 de marzo, “Va a ser súper pertinente la correcta ejecución de este proyecto y obviamente aspiramos que en el futuro tenga una segunda etapa y ampliarlo a muchos otros actores de la sociedad civil que en esta vuelta y de acuerdo con nuestro diagnóstico, preliminar aún,  en la actualidad han jugado un rol preponderante en la organización de la comunidad y que tiene que ver con los dirigentes de las juntas de vecinos, con los paramédicos de las postas rurales , con los municipios, con los profesores, en  definitiva,  con representantes de la comunidad organizada”.

La iniciativa es financiada a través del fondo de mitigación de riesgos del ministerio del interior, y tiene una duración de 5 meses  demandando  una inversión del orden de los 35 millones 300 mil pesos.

Finalmente, el coordinador del proyecto señaló que una vez concluido el estudio se elaborará un documento el que será  entregado a los establecimientos educacionales, a la dirección provincial de educación, a los respectivos COE (comités comunales de emergencia), a la ONEMI regional y a la propia gobernación, a objeto de  dar el seguimiento respectivo.  La iniciativa ha de concluir con un ejercicio ciudadano, un simulacro provincial de emergencia en coordinación con los distintos estamentos  con competencia en el tema, indicó.